La vigésima disposición complementaria final de la nueva
Ley ha confirmado que este tipo de modelo sólo se puede utilizar para casos de
alta complejidad en los que se requiera asistencia técnica especializada. Se
entiende –aunque no lo dice– no disponible en el mercado local, y para bienes y
servicios estratégicos para la defensa nacional y el orden interno debidamente
declarados por los sectores competentes.
Ello, no obstante, es preciso indicar, que en el país no
hay proyectos de alta complejidad que no puedan ser ejecutados por los
ingenieros y las empresas nacionales como lo demuestra toda la infraestructura
existente que es obra de profesionales peruanos comprometidos con el desarrollo
del Perú, a quienes estas normas condenan a un coloniaje tecnológico
representado por otras potencias que disponen, como mejor les parezca, quiénes
de sus connacionales diseñan, ejecutan y supervisan las obras que se les confía,
tal como lo ha denunciado el Consejo Departamental de Lima del Colegio de
Ingenieros del Perú en su pronunciamiento público.
El país no necesita asistencia técnica extranjera
especializada para dominar su territorio. Los ingenieros peruanos lo conocen
perfectamente y saben cómo lidiar con todos sus accidentes y cómo enfrentar los
fenómenos naturales que lo azotan. Quizás para atender servicios estratégicos
relativos a la defensa nacional y el orden interno pueda requerirse algún tipo
de asistencia técnica de la que aquí se carece, aunque eso mismo está en duda.
Pero para obras de infraestructura está claro que no se necesita.
Como aparente barrera para nuevos “contratos de gobierno
a gobierno”, el Congreso de la República ha dispuesto que esta clase de
convenios solo pueden aplicarse para obras con un costo de más de 40 mil UIT,
lo que es una limitación muy pequeña que no cumple con ningún propósito de
evitar la proliferación de esta modalidad de contratación.
Tampoco impide su proliferación el precepto que permite
que se ejecuten obras que no tienen expedientes técnicos completos, lo que
representa un riesgo muy grande, así como aquella norma que sólo exige haber
alcanzado apenas el 40 por ciento de inversión y contar con la opinión
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público para continuar bajo
ese régimen.
El modelo de “contratación de gobierno a gobierno” le
hace mucho daño al país, a sus profesionales y a sus empresas. Al Perú, al
sojuzgarlo de esta manera, los hacen dependiente de otros estados en materia
tan sensible como lo es la de la construcción de la infraestructura. También,
limita a los profesionales peruanos, al mantenerlos fuera de las más
importantes obras, imposibilitados de acumular mayores experiencias y
condenados a no poder sobrevivir con los trabajos realizados en el pasado.
A las empresas porque las margina injustamente, las
discrimina en su propio país y perpetra contra ellas un grave atentado de
consecuencias tan nefastas como las del terrorismo, al dejarlas sin la
posibilidad de incrementar sus experiencias a las que la propia normativa
–equivocadamente por cierto– les impone una fecha de expiración de tal suerte
que al cabo de diez años ya no pueden ser utilizadas para acreditar los
trabajos realizados, con lo que no solo les impide competir sino que
virtualmente las expropia y les resta valor en el mercado donde cada compañía
vale en función de la experiencia que tiene.
Los “contratos de gobierno a gobierno” no existen en
ningún país del mundo.
Se implementaron en el Perú a propósito de los Juegos
Panamericanos del 2019 de cuyos resultados, adicionales y sobrecostos queda
todavía mucho por aclarar. Pero se aprovechó de esa experiencia que se vendió
como exitosa con el objeto de replicar el modelo en forma indiscriminada por
todo el país. La reconstrucción del norte se encaró, al igual que los
hospitales “Antonio Lorena” del Cusco y “Sergio Bernales” de Collique (Lima),
el viaducto Santa Rosa y la Carretera Central, como si los ingenieros peruanos no
pudieran ejecutar todas estas obras.
La tecnología extranjera es siempre bienvenida en el
país, pero a condición de que se implemente a través de consorcios conformados
en forma proporcional por las empresas foráneas con las nacionales para que la
transferencia de conocimientos, allí donde pueda producirse se efectúe de
manera fluida en ambos sentidos, pues los peruanos también tienen para
enseñarles lo que conocen de la realidad en la que se desenvuelven y en la que
se han desarrollado. Pensar en legados en condiciones distintas es totalmente
utópico.
Lo que no es utópico es el peligro que se cierne al darle
banderas de reivindicación en defensa de lo nacional a los grupos radicales que
pueden explotar esta injusta discriminación en beneficio de sus propias causas,
lo que sería imperdonable. Van a aducir que el país está gobernado por el
capitalismo internacional y sirviendo a sus intereses, ofreciéndose ellos como
salvadores de los trabajadores y profesionales peruanos.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
GERMÁN LOYAGA ALIAGA, periodista peruano especializado en Economía con
una experiencia de más de 25 años. Ha sido director de Comunicaciones del
entonces Ministerio de Pesquería, Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito y Cámara Peruana de la Construcción, entre otras instituciones
públicas y privadas. En la actualidad es el director del portal especializado
en Economía “Brújula Económica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario