Los recientes desastres sísmicos en la región han
vuelto a encender las alarmas en la opinión pública. La difusión de impactantes
imágenes del colapso de edificios enteros —construcciones modernas, en
apariencia formales y sólidas— ha generado una ola de conmoción y una pregunta
inevitable: ¿realmente estamos a salvo dentro de nuestras propias viviendas?
ILUSIÓN DE LA FORMALIDAD Y FALLAS DE
ORIGEN
Existe la falsa creencia de que solo las
construcciones informales corren el riesgo de colapsar. Sin embargo, los
eventos en Colombia y Venezuela demuestran que edificios teóricamente formales
también se han venido abajo como castillos de naipes. En eventos
internacionales similares, como el terremoto de Turquía de 2023 que dejó más de
50,000 muertos y donde colapsaron más de 5,700 estructuras, las investigaciones
determinaron que las causas principales no solo fueron la antigüedad de las
edificaciones antes de la actualización de los códigos sismorresistentes, sino
el uso de materiales deficientes —concreto con exceso de arena y baja cohesión—
y, sobre todo, una fiscalización estatal permisiva al momento de otorgar licencias.
En el caso turco, la responsabilidad estatal cobró
especial relevancia debido a las denominadas "amnistías de
construcción" (construction amnesties). Este mecanismo legal permitió la
regularización masiva de más de 75,000 edificaciones en la zona afectada sin
exigir la verificación técnica ni la acreditación de estándares
sismorresistentes. En la práctica, se "legalizó" el riesgo.
Esta desconexión entre la norma y la realidad no es
ajena a nuestra región. En Colombia, si bien la norma vigente NSR-10 exige
rigurosos estudios geotécnicos y estructurales, la falta de actualización de
inmuebles antiguos y la evasión de controles durante la ejecución terminan
anulando el propósito de la ley.
A este escenario se suma una práctica corporativa
sumamente riesgosa: el uso de los "proyectos enlatados". Muchas
empresas, buscando una supuesta "optimización de costos", replican
planos y diseños estructurales elaborados para otros países sin realizar los
estudios profesionales de suelo ni efectuar los cálculos respetando la
sismicidad local. Cabe preguntarse: ¿Hasta dónde se puede reducir costos sin
cruzar la delgada línea roja de la seguridad humana? ¿Dónde termina la
optimización de costos y dónde comienza la irresponsabilidad?
Trasplantar un proyecto sin considerar la mecánica
de suelos particular de una zona ni su normatividad antisísmica E-030 en
nuestro caso es, técnicamente, una imprudencia catastrófica y un acto ilícito
reconocido como tal por nuestra legislación.
Para entender por qué ocurren estos fallos en el
ámbito local, debemos analizar cómo se otorgan las licencias de construcción.
Antiguamente, formaba parte indispensable de los Expedientes Técnicos la
Memoria de Cálculo Estructural. Este documento era fundamental para conocer
cómo había sido concebida y calculada una estructura, y permitía a los
evaluadores de las municipalidades verificar punto por punto si el diseño
cumplía estrictamente con la Norma de Diseño Sismorresistente (E.030).
Lamentablemente, con la masificación del software
de ingeniería, surgió el mito de que estas memorias eran "propiedad
intelectual" o “know-how” de los profesionales por estar procesadas en
programas bajo licencia. Bajo esa premisa engañosa, el requisito fue
paulatinamente omitido de la revisión pública.
La realidad es simple: aunque un cálculo se realice
mediante un software especializado, es totalmente posible y necesario presentar
los parámetros introducidos, las características geométricas y materiales, las
cargas consideradas, los criterios sísmicos adoptados, el modelo representativo
de la estructura y los resultados obtenidos. Sin la entrega y revisión
obligatoria de la Memoria de Cálculo, las autoridades firman licencias "a
ciegas", imposibilitando la verificación real de la capacidad
sismorresistente de una edificación.
VALOR DE LICENCIAS: ¿SEGURIDAD O
TRÁMITE?
Cuando una autoridad otorga una licencia de edificación,
le está garantizando implícitamente a los ciudadanos que la estructura a
habitar es segura. En esa confianza, miles de familias invierten los ahorros de
toda su vida para comprar un departamento.
Para evitar que Lima y otras ciudades del país se
enfrenten a una tragedia sin precedentes ante el inminente megasismo de 8.8 Mw,
es urgente fiscalizar el proceso constructivo desde su concepción:
·
Restablecer
la obligatoriedad de la Memoria de Cálculo detallada dentro de los expedientes
técnicos para el otorgamiento de licencias.
·
Exigir
estudios de suelo locales y específicos, prohibiendo de forma categórica la
homologación directa de planos importados ("proyectos enlatados").
·
Endurecer la
supervisión en obra, garantizando que la calidad de los materiales y el armado
de estructuras coincidan exactamente con lo especificado en los planos.
La ingeniería sismorresistente existe para salvar
vidas: se cuenta con los conocimientos para diseñar edificaciones capaces de
soportar terremotos severos. Las normas existen. Los excelentes profesionales
peruanos existen. No podemos permitir que la optimización financiera ni la
permisividad administrativa estén por encima de la seguridad estructural y
conviertan nuestras viviendas en trampas mortales.
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Dr. Ing. RAÚL DELGADO SAYÁN. UNI 1966. CIP 9927
Presidente
Directorio CESEL S.A.
Miembro
Director Emeritus del External Advisory Board Civil and Environmental
Engineering.
Georgia
Institute of Technology.
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