JORGE OLCESE FERNÁNDEZ |
Por Jorge Olcese Fernández / LIMA
El 40% de las familias gasta por encima de sus ingresos totales y sólo el 51% evita gastar más que sus ingresos mensuales. Del total de los préstamos de consumo (préstamos, tarjetas, atrasados, refinanciados y castigados), entre el 6 % y el 11% son morosos, lo que involucra a casi 600 mil préstamos que no se están pagando. Parte de este exceso de gastos es porque existen muchas personas que están sobreendeudadas o que pagan deudas por encima del 30% de sus ingresos totales. Muchas personas se buscan más ingresos para cubrir sus gastos, en la forma de cachuelos o de sobretiempo cuando tienen empleos. Y esto lo hacen mayoritariamente las personas de los niveles socioeconómicos C (el 37.2%) y D (el 33.5%).
PROBLEMÁTICA
La comprensión
y el tratamiento o los consejos para superar estas situaciones requieren de una
visión más amplia, porque las problemáticas varían de muchas maneras y en el
tiempo.
¿No es acaso
posible la situación antes descrita en un país en el que hay el doble de
trabajadores informales (8,5 millones) que los que acceden a un trabajo formal
(4,3 millones) en zonas urbanas?
Es increíble
que solo el 37% de los trabajadores peruanos sean clientes del sistema financiero;
el 42.6% de los mayores de 18 años tienen un crédito. Además, que el costo del
financiamiento de la microempresa y pequeña empresa siga situado entre los más
altos de América Latina.
Por tanto,
un análisis en detalle o segmentado acerca de los comportamientos de los
ingresos y de los gastos y pagos, que son diferentes en función también de los
diferentes tipos de consumidores, porque muestran características muy distintas
entre sí (perfil de riesgos) es necesario para entender la realidad expuesta y,
lo más importante, para tener la capacidad de proponer alternativas de tratamiento
y de solución.
CUÁL DEBE SER EL ENFOQUE?
Pero lo más
importante, es que este análisis y capacidad de propuesta es hoy en día un nuevo
concepto y trabajo de gestión preventiva del riesgo, que
comprende un conjunto de conceptos y herramientas que se imparten en las capacitaciones
y se implementan en las asesorías más específicas, que llevan a tratar las
vulnerabilidades de los actuales y potenciales sujetos del crédito.
Esta gestión,
que necesariamente debe ser sustentada por un entorno de datos históricos y de su
respectiva evolución, es decir no solo de datos o cifras puntuales, exige
tratar todas las distintas variables tales como los niveles y volatilidad de ingresos
laborales, formales e informales, la creación de las oportunidades de empleo, urbano
y rural, la formación de empresas formales y sus tamaños, la evolución de todas
las variables por segmentación geográfica y por actividad económica. Ya que
estas inciden en los ingresos y comportamientos de pagos.
QUÉ PASA CON LOS INGRESOS?
Los ingresos
laborales mensuales (identificados por la Encuesta Permanente de Empleo en Lima
Metropolitana-EPE) en lo que va del año 2018 registran una caída en los
ingresos laborales mensuales de S/. 74 en empresas de 1 a 10 trabajadores, cuando
en los últimos 12 años (2006-2017) se observaba un aumento promedio mensual de
S/. 64.
Por su
parte, en agosto de 2018 mientras que el ingreso mínimo referencial se estima
en S/. 971.52, superior a la remuneración mínima vital, el ingreso promedio de
los trabajadores en la capital se redujo en 5% respecto del mismo mes un año antes
y se ubicó en S/. 1,607 mensuales. No obstante, por ejemplo, en el quinquenio
2013- 2017, Apurímac logra acelerar el crecimiento de su ingreso laboral en
7.8% anual, impulsado por los aumentos en el PBI minero de dicha región. En el
mencionado periodo, se identificaron a tres regiones (Ica, Piura y Puno), que
acumularon un crecimiento superior al 90% y cinco (Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica y Lambayeque) al 80%. También figuran Moquegua (50.3%), Tacna
(48.9%) y Tumbes (44.3%).
Un ejemplo
del deterioro de los ingresos en los años recientes se puede apreciar en el
gráfico siguiente, donde además se observa la diversidad de comportamientos o
de la evolución de esta variable en función de la zona geográfica.
Asimismo, el
ingreso promedio de un trabajador en el sector agrario formal es más del triple
de un trabajador en el mismo sector informal que alcanza a S/. 1,515 al mes.
Además, la Ley de Promoción Agraria ha permitido, en la última década, que 9 de
cada 10 empleos creados en el sector agrario fueron puestos formales. Esta Ley
se aplica a las actividades de cultivo y de crianza y se ampliará a los
sectores acuícola y forestal, y se podría incluir a las actividades industriales
con capacidad exportadora que utilizan insumos agropecuarios (textil y
confecciones con algodón de fibra larga para productos de alta calidad). En
concreto, se apoya al aumento del empleo formal en las regiones donde se
aplica, se incrementa el ingreso y se amplía la reducción de la pobreza. Los resultados
también se verifican en las empresas las que llegan a más de 4 mil formales las
que se han creado afiliadas a esta estrategia, y son esencialmente micro,
pequeñas y medianas empresas con menos de 10 trabajadores.
Y LA OFERTA DE EMPLEO?
El crecimiento
de la oferta nacional de trabajo en un año es casi de 400 mil personas.
En el primer
semestre de 2018 el empleo informal creció 4,7% mientras el formal disminuía
1,3%, continuando su tendencia alcista mostrada en el segundo semestre de 2017,
cuando creció 5,4% mientras el empleo formal subía apenas 0,3%.
En agosto de
2018 en Lima Metropolitana el empleo adecuado se incrementó en 1%, luego que en
julio lo hizo en 3%. Existen 3.2 millones de personas con empleo adecuado, que representan
el 62% de la PEA ocupada en la capital. El subempleo en la capital se redujo en
5% y alcanzó a 1.76 millones de trabajadores, mientras que la tasa de desempleo
en Lima Metropolitana se ubicó en 6.1% de la PEA, manteniéndose estable desde
abril. Si bien existen diversas cifras acerca de la mejora relativa del empleo
formal a nivel nacional, es evidente que dentro de la estructura el informal
aún es demasiado elevado: representa el
70% del empleo urbano nacional. Además, se debe considerar que se estiman casi
3.3 millones de trabajadores independientes informales (gasfiteros, pintores,
electricistas), lo que pesa mucho en la estabilidad de los ingresos para ser
pagadores cumplidos de obligaciones.
Según datos
recientes del INEI la mejora de la actividad económica empieza a generar mejores
condiciones de empleo por el aumento de la demanda interna. No obstante, a
setiembre 2018, según las estadísticas del INEI, revelan que el 73% de la
fuerza laboral a nivel nacional están en condición de informales, lo que alcanza
a 12.2 MM de trabajadores, y 8.6 MM se concentran en las zonas urbanas. Además,
para tener en cuenta, el grueso de estos trabajadores, es decir el 86% de la
informalidad laboral se concentra en las microempresas (de 1 a 10 trabajadores)
y esta cantidad ha crecido 6% en los últimos 12 meses.
CÓMO SE DEBE TRATAR?
Estas cifras
y el diverso comportamiento de las principales variables que inciden en el cumplimiento
de los pagos y de las deudas, denotan que las estrategias de enfrentar estas problemáticas
deben ser segmentadas, es decir, analizando en detalle los diferentes comportamientos,
en especial el referido a los ingresos, a fin de establecer las más adecuadas a
cada situación real.
En concreto,
a pesar que los ingresos pueden ser algo suficientes para consumir, la mayoría
de los consumidores se dedican a trabajos informales (que de repente no ganan lo
suficiente) o a trabajos eventuales (que no les generan ingresos estables ni
seguros en el mediano plazo), pero que igual todos tienen necesidades que
satisfacer, o familias que mantener. Sin embargo, lo más increíble es que estas
personas gastan o requieren gastar por encima de sus ingresos y cuando
necesitan algo de ayuda de crédito para cubrir sus faltantes de ingresos solo
encuentran que es la misma entidad financiera la que les presta o les refinancia
o les compra deudas acumuladas, por lo que se crea el problema del
sobreendeudamiento, o sea que las entidades de crédito aprovechan estas
necesidades para insistir otorgando nuevos créditos a los mismos clientes.
Al final del
día, el problema central es que aun cuando las personas de trabajos informales (la
gran mayoría) buscan la manera de ganar algo más para cubrir sus necesidades, el
sistema financiero (que debe hacer crecer sus negocios) les agrega gastos (pagos
de los créditos) que aumenta las deudas de las personas, y que determina una
elevada morosidad de estos clientes.
Es más
crítico que además de esta situación, los consumidores deben acudir a otras
fuentes de financiamiento para cubrir sus faltantes de ingresos o para cubrir
sus necesidades de gastos, lo que se constata al conocer que más del 55% de los
consumidores financian sus necesidades de gastos y pagos de deudas por fuera
del sistema financiero oficial, legal y supervisado. A nivel macro algo más del
60% de lo que se produce y se transa en el país es financiado por fuera del
sistema formal.
Por tanto,
un reto y posible solución, además de mejorar los empleos y los ingresos
personales, para reducir las morosidades y no sobreendeudar a los clientes actuales,
o mejor dicho para atraer a nuevos clientes y ampliar las bases de clientes, se
empieza diversificando las colocaciones e innovando en productos crediticios, analizando
a los consumidores informales, a los posibles clientes del sector rural (en especial
aquellos de la agricultura formal que han sido beneficiados con la Ley de
Promoción Agraria) y evaluando sus capacidades de pagos o sus comportamientos de
pagos, por ejemplo en el pago de otras obligaciones no financieras.
Las dificultades
para pagar los créditos son las que se deben analizar para una eficiente
gestión PREVENTIVA del riesgo de incumplimiento. Esta gestión debe ser
anticipada, es decir antes de otorgar un crédito y evaluar con técnicas
modernas y precisas las capacidades y los comportamientos de pago, o ayudar
cuando las vulnerabilidades se presentan o evitar y anticiparse a que éstas se
presenten.
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